Lisboa reacciona al problema de la vivienda por culpa de la “gentrificación”

Lisboa sigue el camino de muchas capitales mundiales. La masiva llegada de turistas y capital extranjero ha desatado un proceso de “gentrificación” de su territorio

Lisboa ha seguido el camino de muchas capitales mundiales en los últimos años y, ante la masiva llegada de turistas y capital extranjero, ha asumido un proceso de “gentrificación“ de su territorio. Las desorbitadas subidas del precio de la vivienda están llevando al desplazamiento hacia las afueras o las áreas metropolitanas de aquellos que vivieron durante generaciones en la misma casa.

El problema de la “elitización” residencial está provocando una incipiente reacción en la población y en los gobernantes, que ya han incluido el problema de la vivienda en sus agendas. A su vez, el modelo económico vigente, con la especulación inmobiliaria como uno de sus ejes, ha provocado el surgimiento de movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda como “Morar en Lisboa”, compuesta por individuos y asociaciones locales de diferentes sectores.

Leonor Duarte, una de sus portavoces, explica a Efe que, más que un problema de exceso de visitantes, Lisboa está experimentando una “sustitución de la población” y aclara que la asociación no es “antiturismo”. “El verdadero problema es la falta de regularización en la industria del turismo y el sector inmobiliario”, denuncia. Duarte relata que las políticas fiscales creadas en los últimos años se dirigieron esencialmente a las clases acomodadas y los extranjeros, que pueden obtener desde una exención de impuestos hasta un pasaporte portugués si fijan su residencia en el país.

La reconversión de la capital lusa en una “ciudad de inversión”, como la asociación lo define, no solo afecta a su economía, sino también a su tejido social. “Si Lisboa construye pisos pensados específicamente para el turismo y tiene una población de paso o que quiere una segunda residencia o simplemente invertir, se pierde ciudadanía”, lamenta.

Los problemas para adquirir viviendas llevaron al ayuntamiento de la capital lusa a firmar un manifiesto conjunto con Barcelona y Nueva York en el que piden poder limitar los precios. “La ciudad es nuestro hogar, y sin embargo hoy es también donde el derecho a la vivienda, uno de los derechos más básicos pero menos protegidos, se encuentra más amenazado”, escribían en el texto los responsables de vivienda de las tres urbes.

Además de extranjeros e inversores, Lisboa se ha convertido también en un epicentro de jóvenes y, en concreto, universitarios europeos que llegan con la beca Erasmus. El número de estudiantes que llegaron a Portugal en 2016 fue de 37.990 personas, el equivalente al 11 % de población en edad escolar del país, de los que casi la mitad residieron en la capital. Muchos se ven obligados a vivir en residencias de estudiantes o en pisos compartidos, ante los inalcanzables precios del alquiler.

El informe European Student Housing 2017 sobre viviendas para estudiantes en el continente sostiene que, en el caso de Portugal, se operan “a través de apartamentos privados, a menudo en régimen informal y con baja calidad, o equipamientos públicos bastante obsoletos e incómodos”. El continuo encarecimiento de los precios ha motivado, al mismo tiempo, que muchos jóvenes portugueses abandonen Lisboa. Solo en la última década, la capital y su área metropolitana han perdido el 29% de sus jóvenes autóctonos, una constante que, según Duarte, ha estado vigente “durante los últimos treinta años”.

Para combatir tanto la “gentrificación” como la marcha de jóvenes, el Gobierno luso creó el programa “Porta 65”, por el que se otorgan ayudas económicas a portugueses de entre 18 y 30 años para que puedan permitirse alquilar una vivienda. Según datos del Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana, en 2016 se aprobaron 7.167 de las 19.094 candidaturas presentadas.

Sin embargo, Duarte alerta que propuestas como ésta no tienen en cuenta el “valor real” de los precios de mercado: “Los programas del Gobierno no crecen al nivel de los precios y los ciudadanos no encuentran viviendas de acuerdo al programa del Gobierno ni a sus rentas”, apunta.

Para 2018, el Ejecutivo portugués dará prioridad al programa y aumentará su presupuesto hasta los 18 millones de euros, y su duración máxima de tres a cinco años, medidas que la portavoz espera que “mejoren” su funcionamiento. Duarte concluye que, tarde o temprano, las políticas contradictorias de los Gobiernos en materia de alojamiento llevarán a “una implosión o una explosión” del modelo económico portugués y lisboeta.